I. Contexto organizacional La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes. Las seis áreas de prioridad son: ? Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres. ? Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. ? Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres. ? Aumentar la autonomía económica de las mujeres. ? Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales. ? Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte de los gobiernos y de otros interesados a todos los niveles. Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el 2015. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, 1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) sobre la violencia sexual en conflictos, también son referentes fundamentales para la labor de ONU MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto. La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es una violación de derechos humanos, que tiene sus raíces en la discriminación de género y en los estereotipos de género que la perpetúan, en relaciones inequitativas de poder, en la impunidad, así como en prácticas culturales y normas sociales arraigadas en las sociedades que la justifican. La alta prevalencia de la VCMN, incluyendo la violencia sexual, tiene serias repercusiones en la vida de las mujeres y niñas, tanto a corto como a largo plazo, así como sobre sus familias y comunidades. La misma está llevando, de manera acelerada, al fenómeno de los femicidios, la más grave expresión de la violencia contra mujeres y niñas. La VCMN y los femicidios, ejercidos de forma continua y dentro de un marco de ‘normalización cultural’ e ‘impunidad’, requieren de intervenciones urgentes que aborden sus distintas causas. Sólo acciones decididas, articuladas y sostenidas, entre todos los actores, - Estado, Organizaciones de Mujeres y de la Sociedad Civil, Universidades e Iglesias y medios de comunicación en sus distintas modalidades - podrán poner un alto a la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas e impactar el gravísimo fenómeno del femicidio. Para ello es fundamental imprimirle a la respuesta un sentido de urgencia, con el fin de contribuir a su celeridad e incidir en sus causas estructurales, subyacentes y riesgos inmediatos, incluyendo las normas sociales discriminatorias, actitudes y comportamientos que la justifican. Como una de las respuestas a la realidad de violencia de género y femicidios, se lanzó la Iniciativa Spotlight (IS) con fondos de la Unión Europea, con el desafiante objetivo de contribuir a la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas y su manifestación más extrema: el femicidio. La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que en Argentina es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, a través de cuatro agencias: OIT, ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, a las que se suma UNICEF como agencia asociada. El objetivo general de la Iniciativa Spotlight es que todas las mujeres y las niñas, con énfasis en las más vulnerables, vivan una vida libre de violencia y de prácticas lesivas. El presupuesto inicial global asciende a 500 millones de euros, de los cuales 55 millones de dólares se asignaron para América Latina. En esta región la Iniciativa se concentra en la eliminación de la manifestación más extrema de la violencia, el femicidio1. Los países en los que se implementa a nivel regional son: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. La estrategia de intervención se organiza en seis pilares: 1. Legislación y políticas 2. Fortalecimiento institucional 3. Prevención de la violencia 4. Servicios accesibles y de calidad 5. Gestión de la Información. Información confiable y accesible 6. Movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para trabajar en la erradicación de violencia de género y femicidio La estrategia definida para la implementación de la Iniciativa plantea la importancia de una activa participación de la sociedad civil, sindicatos, sector privado y academia, así como una mirada centrada en mujeres y niñas atravesadas por múltiples discriminaciones (indígenas, con discapacidad, transgénero, entre otras). En Argentina, la IS concentra el trabajo en las provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires y en algunos casos amplía su espectro de acción al nivel nacional. A partir de los lineamientos globales y regionales de la IS, y de un amplio proceso participativo de intercambio y consulta en el país, se definieron como prioridades: i) garantizar que la comunidad esté informada sobre los derechos de las mujeres y niñas y ii) promover la disponibilidad, calidad y accesibilidad de servicios para la prevención, atención y reparación. Para ello, se trabajará en: i) transformar pautas culturales, actitudes y comportamientos favorables a la igualdad de género; ii) implementar acciones orientadas a promover políticas sobre violencia de género con mirada integral e integrada y iii) garantizar la correspondencia entre el derecho legislado y la política implementada. La iniciativa se enmarca a nivel global en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo la premisa de que el país necesita, en primer lugar, visibilizar y ahondar el análisis del conjunto de causales de los distintos tipos de violencia, identificando con claridad aquellos factores específicos que determinan la VCMN y que son distintos a los determinantes de formas más generalizadas de violencia y, por ende, requieren estrategias de intervención diferenciadas y particulares. II. Antecedentes En noviembre de 2012 se sancionó en Argentina la Ley 26.791, que reformó el artículo 80 del Código Penal de la Nación para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios expresamente vinculados con la violencia de género. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y la descripción de crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y femicidio vinculado (inciso 12°). La introducción de estas agravantes se inscribe en una tendencia regional de sancionar delitos de género de modo diferencial, abandonando la formulación de tipos penales con género neutral. La tipificación diferencial tiene por fin visibilizar estos hechos como emergentes de una situación de desigualdad estructural de género, con importantes efectos simbólicos, dado que revierte estereotipos que naturalizan la violencia, la minimizan y la reducen al ámbito privado. Así, Argentina cuenta con un marco normativo robusto en materia de tipificación de la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Ello, no obstante, el país enfrenta aun numerosos desafíos en materia de aplicación de la normativa vigente, así como también en lo que respecta a la sistematización de datos, herramientas clave para el análisis de la realidad e insumo insustituible para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y erradicación de la violencia
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