La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes. Las cinco áreas de prioridad son: - Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;
- Poner fin a la violencia contra las mujeres;
- Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;
- Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;
- y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.
Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el 2015 y posteriormente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, 1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) sobre la violencia sexual en conflictos, también son referentes fundamentales para la labor de ONU MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto. Antecedentes El Estado de Guatemala ha adquirido obligaciones de carácter internacional con respecto a la temática de la violencia en contra de las mujeres y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (ambos sexos), como resultado de la ratificación de instrumentos internacionales. Consecuentemente y a través de la injerencia de la Sociedad Civil, se ha logrado la armonización legislativa para incorporar dicha normativa en el ordenamiento jurídico nacional. De gran significancia fue la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer en el año 2008, lo cual conllevó la creación de la jurisdicción especializada a través de la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento a los compromisos asumidos por el Organismo Judicial en respuesta al deber del Estado. A través del Acuerdo número 149-2012 de la Corte Suprema de Justicia se creó la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, con el objetivo de fortalecer la acción de los Órganos Especializados y la atención de calidad a las víctimas de violencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de dicho acuerdo se tiene como uno de los mandatos de la Unidad “la evaluación y análisis de la calidad de las sentencias al respecto del enfoque de género, pertinencia étnico-socio cultural y derechos humanos”. A partir del año 2012 cuando fue creada la Unidad, se han incrementado en un 59% los órganos jurisdiccionales especializados, ya que en ese mismo año había únicamente en 3 departamentos y actualmente se tiene presencia en 15 departamentos a nivel nacional. Para contribuir a la función de monitoreo que ha realizado la Unidad en los Juzgados, Tribunales y Salas de la Corte de Apelaciones especializadas, se ha identificado necesario profundizar en el análisis de las sentencias y observación de audiencias en sede, con la finalidad de verificar si las mismas cumplen con los requisitos legales e incorporan los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Los insumos recabados con respecto a la fundamentación de las sentencias fortalecerán el acceso de las mujeres a la justicia, al ser analizados con Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas con competencia en Justicia Especializada en Delitos de Femicidio, Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con la finalidad de identificar los aspectos de las fundamentaciones y argumentaciones, que se deben fortalecer y promover, en coordinación con la Escuela de Estudios Judiciales, la actualización de conocimientos sobre dichos temas, para lograr sentencias que cubran todos los aspectos indispensables de la justicia especializada y que respondan a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés) es el mecanismo financiero principal de la organización para sostener la paz en países o situaciones en riesgo de, o afectado por, conflicto violento. PBF podría invertir en entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones regionales, bancos multi-laterales, fondos fiduciarios nacionales de multi-donantes, u organizaciones de la sociedad civil. PBF atraviesa los pilares del Sistema de Naciones Unidas y apoya respuestas integradas para llenar brechas criticas; responder rápidamente y con flexibilidad a oportunidades políticas, y para catalizar procesos y recursos en una manera tolerante al riesgo. Como expresión del compromiso del Fondo de promover la inclusión en procesos de consolidación de la paz, el Fondo estableció una convocatoria específica para iniciativas de empoderamiento de las mujeres y el avance de la igualdad de género. Esta iniciativa busca aumentar su impacto y avanzar la implementación del Plan de Acción de Siete Puntos del Secretario General, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y otras resoluciones sobre Mujeres, Paz y Seguridad. En Guatemala, el presente proyecto es el tercer proyecto de la iniciativa de genero del PBF que ha sido implementado, desde 2014. Del proyecto “Creando nuevas vías de resiliencia para el sostenimiento de la paz desde las mujeres kaqchiquel, Q´eqchi’ y mestizas pioneras de la paz como eje central” La paz inclusiva y sostenible es la más alta prioridad para Guatemala. Después de 23 años de los Acuerdos de Paz, los primeros en la región que incluyen compromisos para avanzar los derechos de las mujeres, la situación política volátil que prevalece genera mayores riesgos de recaer en confrontación y violencia. Las cuestiones de preocupación urgentes incluyen el nivel en que las mujeres participan en la vida política, económica y social, que ha sido determinado como un factor clave que influencia la propensión de la sociedad para el conflicto. Muchos estudios cuantitativos de muestras amplias que han investigado la relación entre la exclusión de género y los conflictos violentos encontraron que la situación de las mujeres con relación a los hombres, especialmente su vulnerabilidad a la violencia es un pronosticador significativo de la propensión del país al conflicto violento generalizado[1]. Mas aún, encuentran que, a mayor nivel de violencia contra las mujeres, más probabilidades que un país no cumpla con las normas y tratados internacionales y que operará de manera menos pacífica en el sistema internacional. En Guatemala, donde el racismo y la discriminación tomaron formas singulares de persecución contra las mujeres, hay tres áreas geográficas (departamentos) de interés, que muestran los mayores niveles de violencia contra las mujeres y las niñas y que coinciden con el conflicto, la confrontación y las tensiones sociopolíticas, pero que también contrastan con los poderosos esfuerzos de las mujeres para construir y sostener la paz, incluyendo Alta Verapaz en el Valle del Polochic, donde las mujeres Q’eqchi’ son reconocidas como pioneras en la justicia de género mundial por casos como el de Sepur Zarco; Chimaltenango, con mujeres reconocidas mundialmente como artistas y constructoras de paz que influenciaron la adopción de los Acuerdos de Paz y la creación de la arquitectura de la paz, de las mujeres y de los pueblos indígenas; y Guatemala, donde las mujeres mestizas e indígenas se han movilizado conjuntamente para la paz y los derechos de las mujeres, incluyendo a través de la Agenda Legislativa para el Avance de los Derechos de las Mujeres y la Paz y la adopción del Plan Nacional de Acción 1325 para incrementar la implementación de los Acuerdos de Paz. Por estas razones, el proyecto enfocará sus acciones en estas áreas geográficas, donde, para responder a los altos índices de violencia y garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la justicia, el Organismo Judicial ha instalado Órganos Jurisdiccionales Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra las Mujeres. Como demuestra el Análisis de Conflicto con Perspectiva de Género de ONU Mujeres (2019), “las mujeres defensoras son sujetas de amenazas particulares y ataques, sea por sus roles específicos como defensoras o como mujeres víctimas de discriminación en un ambiente sexista y desigual”. Por tanto, las mujeres son perseguidas, criminalizadas y atacadas, no solamente por ser mujeres, pero también, y particularmente, porque son lideresas constructoras de paz, personas defensoras de derechos humanos y agentes transformadoras que contestan el status quo, la corrupción y la ingobernabilidad. Las tácticas contra mujeres, que incluyen la violación sexual, el femicidio, el discurso de odio, la imposición del miedo, la violencia y la explotación, están reforzando el racismo estructural y la discriminación que los Acuerdos de Paz prometieron transformar para que la paz firme y duradera se convierta en una realidad, puesto que esas fueron las causas primarias del conflicto armado interno. Adaptadas a nuevos territorios, incluyendo los ciberterritorios, estas tácticas en contra de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos amplifican el daño perenne a las mujeres con impunidad, manteniéndolas en una posición de “objetivos” en lugar de ser reconocidas como agentes políticos y transformadoras. Abordar las nuevas expresiones de la vieja y sistemática discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo en nuevos terrenos como el ciberespacio, es una necesidad urgente para la construcción de la paz. Aplicando un enfoque de no-hacer-daño al crear movimientos colectivos fuertes en lugar de concentrarse en los liderazgos políticos individuales de las mujeres, esta iniciativa propone hacerlo de manera integral y desde la recuperación de la riqueza de la tradición e historia indígenas. Así, el principio de no dejar a nadie atrás será aplicado al poner a las mujeres y mujeres indígenas constructoras de paz al centro de este proyecto. El proyecto aborda una brecha importante en la construcción de la paz al responder a las tácticas sistemáticas y emergentes dirigidas a las mujeres constructoras de paz en terrenos tradicionales y nuevos, tales como los ciberterritorios, donde la persecución toma nuevas dimensiones y tiene un efecto duradero. [1] Del Estudio…(Caprioli 2000; Caprioli y Boyer 2001; Caprioli y Tumbore 2003; Regan y Paskeviciute 2003; Hudson et al. 2012).
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