La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por su empoderamiento, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, y en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes. Las 6 áreas de prioridad de ONU Mujeres son: • Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres. • Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. • Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres. • Aumentar la autonomía económica de las mujeres. •Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales; • Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte de los gobiernos y de otros interesados a todos los niveles El 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 66/130 en donde se exhorta a todos los Estados a eliminar las leyes, reglamentos y prácticas que de modo discriminatorio impiden o limitan la participación de las mujeres en el proceso político. Se exhorta también a todos los Estados a fomentar la participación política de la mujer, acelerar el logro de la igualdad entre hombres y mujeres y, en todas las situaciones, incluidas las situaciones de transición política, a promover y proteger los derechos humanos de la mujer. Insta también a todos los Estados a que, entre otras, adopten las siguientes medidas para asegurar la participación de la mujer en pie de igualdad, y alienta al sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales a que, dentro de sus mandatos vigentes, presten mayor asistencia a los Estados en sus esfuerzos nacionales por: a) Examinar los diferentes efectos de sus sistemas electorales en la participación política de la mujer y su representación en los órganos electivos y ajustar y reformar esos sistemas, según proceda; b) Adoptar todas las medidas que corresponda para eliminar los prejuicios basados en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos o en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer, que obstaculizan el acceso de la mujer a la esfera política y su participación en ella, y adoptar enfoques inclusivos respecto de su participación política; c) Alentar encarecidamente a los partidos políticos a que supriman todos los obstáculos que discriminen, directa o indirectamente, contra la participación de la mujer, a que desarrollen su capacidad para analizar las cuestiones desde una perspectiva de género y a que adopten las políticas necesarias a fin de promover la capacidad de la mujer para participar plenamente en todos los niveles de la adopción de decisiones dentro de los propios partidos¨. En este contexto, la oficina de ONU Mujeres se propone fortalecer el acompañamiento y apoyo técnico para desarrollar iniciativas que promuevan el acceso de las mujeres a cargos públicos y que permitan prevenir, monitorear, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político para así garantizar la plena participación y ejercicio de sus derechos. Fundamentación de la consultoría La plena y efectiva participación de las mujeres en la toma de decisiones es clave para que sus perspectivas, intereses y derechos sean priorizados en la agenda pública. Una gobernanza inclusiva y paritaria, así como la representación plural y diversa, no solo fortalece la democracia y abre mayores perspectivas para un desarrollo sostenible, sino que también puede además traer soluciones más innovadoras y eficaces que permitan responder a las necesidades de toda la población. Es por eso que ONU Mujeres ofrece a los estados miembros, a los partidos políticos y a la sociedad civil acompañamiento y apoyo técnico para desarrollar iniciativas que promuevan la participación de mujeres en la vida pública. En las últimas dos décadas, la mayoría de los países de América Latina aprobaron leyes de cuotas y paridad con el objetivo de reducir las desigualdades de género en la arena política y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos políticos de las mujeres, lo que redujo la brecha en la participación política de las mujeres. En Argentina, los importantes avances hacia la democracia paritaria, a partir de la sanción de la Ley de Cupos en 1991, la Ley de Paridad en 2017, y posteriormente en casi todas las provincias, ubican al país en el décimo sexto lugar del Ranking global de mujeres en los parlamentos nacionales de la Unión Interparlamentaria, con un 44.8% de mujeres en la cámara baja y 43.1% en la cámara alta (IPU, 2022). El avance de la participación política de las mujeres, producto de las leyes de cuota y paridad, así como su articulación y alianza con las organizaciones de la sociedad civil, ha permitido el avance de normativa hacia la erradicación de la discriminación y violencia basada en género, incluyendo la consolidación de leyes de protección integral frente a la violencia por razón de género contra las mujeres en trece países; leyes que tipifican el delito de femicidio/feminicidio en diecisiete países; normativas sobre delitos sexuales; acoso laboral; leyes específicas sobre el acoso callejero y sobre la difusión de imágenes íntimas por medios electrónicos; así como el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en la vida política en la legislación de once países[1]. Pese a estos significativos avances, las brechas en los puestos de representación persisten. Superados los obstáculos legales, se imponen barreras sociales, culturales y económicas que frenan la incorporación de las mujeres en política. Por ejemplo, en Argentina, la aplicación del Índice de Paridad Política (IPP) de la iniciativa Atenea en 2021, destacó avances en la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo Nacional y en la Administración Pública Nacional así como en el Poder Legislativo en comparación con 2016 pero también encontró importantes desafíos en los ámbitos locales, en el poder judicial y los partidos políticos. La dimensión con menor puntaje fue la que mide la presencia de mujeres en el Poder Judicial en parte debido a que refleja el típico fenómeno de “techo de cristal”. Si bien el Sistema de Justicia está conformado en su mayoría por mujeres (56%), la participación de éstas se distribuye de manera desigual en las posiciones superiores respecto de los varones. Por ejemplo, mientras que en 2021en la Procuración General de la Nación sólo el 28% de procuradores-as y fiscales eran mujeres, ellas componían el 53% del funcionariado y el 52% del personal administrativo. En el caso de la Defensoría General estos porcentajes se mantienen similares. Mientras que el 37% de lo-as defensores-as son mujeres, las mujeres ocupan el 56% y el 66% del funcionariado y plantel administrativo respectivamente. A su vez, la conformación de la Corte Suprema de Justicia en 2020 estaba conformada por 4 varones y 1 sola mujer (actualmente no hay mujeres en la Corte) y el 100% de quienes componían la Cámara Nacional Electoral eran varones, y sin ninguna instancia que apoye la transversalización de género. No obstante, es importante destacar que el informe valoró el trabajo de la Oficina de la Mujer que abarca: 1) la elaboración de diagnósticos como el Mapa de Género de la Justicia Argentina; 2) la sensibilización y capacitación en materia de derechos de las mujeres y; 3) la elaboración de propuestas para la transversalización del enfoque de género. En este marco, ONU Mujeres propone consultoría para desarrollar e implementar estrategias de trabajo que promuevan el incremento de la participación de las mujeres en el poder judicial mediante la generación de evidencia y la diseminación de información. [1] Task Force Interamericano sobre Liderazgos de las Mujeres (2022). Un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas.
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