I. Contexto y antecedentes De la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida. La Entidad se centra en cinco áreas prioritarias: - Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;
- Poner fin a la violencia contra las mujeres;
- Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;
- Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;
- Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.
Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género y en todos los debates y acuerdos relativos a la Agenda 2030. La Entidad trabaja para lograr un mundo más inclusivo con la igualdad de género como elemento fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce que las mujeres hacen contribuciones sustantivas en la construcción y el mantenimiento de la paz, y que su exclusión de los procesos de paz viola sus derechos. Este reconocimiento fue formalizado en octubre del 2000 cuando se adoptó unánimemente la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Esta resolución aborda específicamente la situación de las mujeres en conflictos armados y llama a su participación en todos los niveles de toma de decisiones para la resolución de conflictos, la recuperación postconflicto y la construcción y mantenimiento de la paz. Otras siete resoluciones han sido posteriormente adoptadas por el Consejo de Seguridad, a saber, las resoluciones 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242. Estas resoluciones complementan la resolución 1325. Conjuntamente con la Recomendación General número 30 del Comité CEDAW constituyen en una plataforma poderosa para construir acciones efectivas que terminen con la impunidad alrededor de la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual, y aseguren su participación en todos los aspectos relativos a la construcción de la paz y el restablecimiento del estado de derecho. Antecedentes y justificación En la última década se han adoptado leyes de segunda generación para el abordaje de la violencia contra las mujeres, entre estas el Decreto 22-2008 Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, y el Decreto 9-2009 Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Incluso, hay avances en el ámbito de la institucionalidad de justicia y mecanismos de coordinación para la atención a mujeres víctimas de violencia. Persisten retos importantes respecto a los altos índices de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, lo cual se agudiza con la falta de acceso de las mujeres a la justicia. La Comisión internacional contra la impunidad -CICIG- en el 2015 presentó un sistema de medición de la Impunidad el cual hace referencia a un índice de impunidad del 99% en los delitos de violencia contra las mujeres y 98% para el delito de femicidios. Cabe mencionar que entre los años 2008 y 2015 fueron asesinadas violentamente unas 5,018 mujeres, de la cuales 4,344 fueron mujeres adultas y 674 menores de edad. Entre los meses de enero y octubre de 2017, el Ministerio Público recibió 43,104 denuncias del delito de violencia contra la mujer y 200 de femicidio. El proceso de recolección de información es diverso, de manera que las cifras son reportadas en forma diferente entre las instituciones encargadas de los registros o informes. La falta de una adecuada atención y respuesta al fenómeno criminal de la violencia contra las mujeres y del delito de femicidio se debe principalmente a la debilidad en el sistema de justicia en la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en toda la cadena de justicia, desde la atención a la víctima pasando por la investigación criminal, la persecución penal, la sanción y la reparación. La creación de órganos jurisdiccionales especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la presentación pública en noviembre del 2016 de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público, han marcado una ruta hacia la especialización de la justicia, lo cual supone un desafío en el fortalecimiento e instalación de capacidades en el análisis e investigación de este tipo de ilícito penal. Del Proyecto “Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público” El proyecto pretende desarrollar una iniciativa que sea relevante para responder a las necesidades, tanto institucionales como de la ciudadanía, de contar con mecanismos para institucionalizar y consolidar la lucha contra la impunidad en los casos de femicidio, por medio del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público para incorporar la perspectiva de género en la investigación y la persecución de los fenómenos criminales, con especial énfasis en la impunidad de los casos de violencia contra las mujeres y femicidio. El proyecto está dirigido a promover el fortalecimiento de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio con el objeto de generar procesos investigativos profundos y especializados, en concordancia con la normativa vigente, lo cual se espera pueda tener un impacto en el esclarecimiento de los casos de femicidio, partiendo de los principios, ejes y directrices del Plan Estratégico Institucional 2015-2019, del Ministerio Público y la Estrategia Conjunta del MP y Organismo Judicial para fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia. En el marco del referido proyecto y tomando como principal referente el protocolo de investigación guatemalteco, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación para casos de Muerte Violenta de Mujeres (femicidio/feminicidio) elaborado por ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se prevé fortalecer los mecanismos especializados para investigar el delito de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, a través de la elaboración de un protocolo de actuación y coordinación entre las Fiscalías contra el Delito de Femicidio, de Delitos contra la Vida y la Fiscalía de la Mujer, incorporando la perspectiva de género en el análisis, investigación y persecución penal estratégica de los delitos de femicidio, considerando su conexión con delitos de violencia contra la mujer conocidos por las fiscalías antes referidas.
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