I. Contexto y antecedentes ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida. La Entidad se centra en cinco áreas prioritarias: - Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;
- Poner fin a la violencia contra las mujeres;
- Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;
- Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;
- Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.
Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género y en todos los debates y acuerdos relativos a la Agenda 2030. La Entidad trabaja para lograr un mundo más inclusivo con la igualdad de género como elemento fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce que las mujeres hacen contribuciones sustantivas en la construcción y el mantenimiento de la paz, y que su exclusión de los procesos de paz viola sus derechos. Este reconocimiento fue formalizado en octubre del 2000 cuando se adoptó unánimemente la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Esta resolución aborda específicamente la situación de las mujeres en conflictos armados y llama a su participación en todos los niveles de toma de decisiones para la resolución de conflictos, la recuperación postconflicto y la construcción y mantenimiento de la paz. Otras siete resoluciones han sido posteriormente adoptadas por el Consejo de Seguridad, a saber, las resoluciones 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242. Estas resoluciones complementan la resolución 1325. Conjuntamente con la Recomendación General número 30 del Comité CEDAW constituyen en una plataforma poderosa para construir acciones efectivas que terminen con la impunidad alrededor de la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual, y aseguren su participación en todos los aspectos relativos a la construcción de la paz y el restablecimiento del estado de derecho. Antecedentes y justificación La aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer en el año 2008, significó un gran avance para enfrentar el fenómeno de falta de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. No obstante, la plena vigencia de la Ley implicó desarrollar acciones institucionales y así, en cumplimiento con lo prescrito en el referido texto legal, la Corte Suprema de Justicia creó órganos jurisdiccionales especializados. La implementación de los órganos especializados inició a partir de octubre del 2010, en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula,[1] para el control jurisdiccional de la investigación y el juzgamiento de los hechos comprendidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, labor que implicó la definición de las competencias en relación a los juzgados y tribunales penales, la ruta procesal de la denuncia y otros aspectos, como el tratamiento de las medidas de seguridad para las víctimas. La Corte Suprema de Justicia puso en marcha un sistema de atención integral a las víctimas y sobrevivientes de violencia que brinda atención conforme a las circunstancias tomando en cuenta la edad, género, cultura, pertinencia étnica, origen y condición económica. El objetivo de este sistema es evitar la revictimización, acompañar a las víctimas de violencia durante el proceso judicial para ofrecer confianza, orientación, seguridad y esperanza; permitiendo una forma de hacer justicia, pero reconociendo que existen otras formas orientadas a la recuperación de la libertad, la autonomía y el poder personal. Posteriormente, en el año 2012 se inauguraron Juzgados y Tribunales especializados en los departamentos de Alta Verapaz y Huehuetenango y ese mismo año se creó la Sala de Corte de Apelaciones con competencia en delitos de Femicidio y Otras formas de violencia contra la mujer, único órgano especializado con competencia en segunda instancia a nivel latinoamericano. Ante la problemática de violencia sexual, explotación y trata de personas, la Corte Suprema de Justicia, decidió ampliar la competencia a los delitos contemplados en el Decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.[2] Se impulsó el primer juzgado de turno[3] permitiendo a las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia tener acceso a la justicia 24 horas al día, los 365 días del año. En el año 2013 se crearon órganos especializados en Escuintla e Izabal y, en el 2014 se amplió la cobertura a los departamentos de Petén, San Marcos, Quiché y Sololá. El 9 de mayo 2017 se inauguraron los Órganos Especializados en el Departamento de Chimaltenango. Actualmente hay 68 jueces y juezas que imparten la justicia especializada en todo el país, una Magistrada y dos Magistrados de Sala de Apelaciones. A partir del 13 de mayo de 2016, según acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 5-2016, los Juzgados de Primera Instancia Penal y Tribunales de Sentencia Penal con competencia especializada en delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, ubicados en toda la República de Guatemala, conocen únicamente de los delitos regulados en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, y de los delitos de Violencia Sexual, contenidos en el Capítulo I, del Título III del Código Penal, éstos últimos solamente en aquellos casos cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o una mujer mayor de edad. La Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, fue creada por medio del Acuerdo 149-2012 con el objeto de fortalecer la acción de los referidos órganos y la atención de calidad a las víctimas de violencia. La referida Unidad coordinó la elaboración del “Primer Informe sobre de Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer”, un importante esfuerzo por rendir cuentas ante la ciudadanía acerca de la gestión de los órganos especializados, proveer información respecto de avances y dificultades e informar a los propios jueces y juezas acerca de este difícil proceso de implementación. La Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del Organismo Judicial, afronta el reto de la transversalidad, para lograr la implicación de todas las áreas del sector judicial y dependencias administrativas que faciliten el acceso libre a la justicia y a las mujeres; sin olvidar la protección y acompañamiento integral de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia. La atención se brinda por medio del personal especializado en psicología, trabajo social y personal técnico que atiende a niños/as se les ayuda a superar los efectos de los hechos de violencia de los que fueron objeto, apoyándolas/os durante el proceso judicial, efectuando estudios sobre las medidas de protección necesarias en cada caso en particular. Actualmente todo el registro de la información de las citas de las víctimas se realiza por medio de mecanismos manuales e independientes. Razón por la cual el proceso de consolidación de información conlleva un tiempo considerable para poder dar un seguimiento y control adecuado. [1] Acuerdo 1-2010 de la Corte Suprema de Justicia, cuya función se regula mediante el Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia que contiene el Reglamento de Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. [2] Acuerdo 42-2012 de la Corte Suprema de Justicia. [3]Acuerdo 43-2012 de la Corte Suprema de Justicia.
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